Estudio, actividad docente e investigación

Son indudables los actuales avances de las matemáticas en España y la creciente influencia y reconocimiento del estudio, la enseñanza y la investigación de nuestra ciencia.

La cohesión que las sociedades matemáticas propician, y de ellas entre sí a través del CEMat, el florecimiento de la conferencia de decanos, de la asociación de estudiantes y de la red de institutos universitarios, la destacada presencia en organismos matemáticos internacionales como son EMS, CIMPA, IMU e ICIAM, el funcionamiento de una veintena de redes temáticas de investigación y la proliferación de equipos, centros y proyectos de investigación apoyados por importantes programas estatales e internacionales, demuestra cotidianamente este hecho. Pero, sobre todo, por la relevancia de la actividad matemática en las cincuenta Universidades públicas, una de cada cinco con rector matemático en la actualidad.

 

Este panorama, alentador, contrasta con la pérdida de apoyo oficial a la educación ya a la investigación que se sufre en los últimos años, con encarecimiento de los estudios, recortes en educación e investigación, y práctica aniquilación de oportunidades. En investigación, la financiación ha disminuido en un cuarenta por ciento y se hace imposible la renovación de plantillas, llevando a emigrar a los jóvenes científicos, como ha denunciado la iniciativa de la Carta Abierta por la Ciencia, suscrita por las sociedades científicas, las universidades, asociaciones de investigadores y agentes sociales. En particular, y ante la falta de respuesta presu-puestaria, esta iniciativa ha propiciado un compromiso de reposición de toda la oposición en el Parlamento al concluir 2013.

 

La pasada semana la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, ha emitido un comunicado, que los propios rectores han hecho público en las respectivas Universidades el pasado día 30 de abril, en el que se pide que finalicen las medidas, calificadas como excepcionales, que afectan al estudio, la actividad docente y la investigación en España. La opinión pública, los medios de comunicación y las instituciones científicas, comparten la petición y reclaman la urgente necesidad de poner fin de manera inmediata a esta situación, que, por añadir alguna cita, el diario El País en su editorial elpais.com/elpais/2014/05/01/… califica de “descapitalización” y el rector de la Universidad más emblemática, el matemático José Carrillo, como “de asfixia”, sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/30/…

 

 

A pesar de los avances, en el caso de las matemáticas, la descapitalización, la asfixia, y todas las dramáticas consecuencias para el estudio, la enseñanza y la investigación, como las que se señalan en la Carta Abierta y en el comunicado de la CRUE, nos afectan en igual medida. La investigación matemática en España se realiza en su práctica totalidad en las Universidades públicas. Por ello, y por la urgencia que se requiere, entiendo que es el propio comunicado de la CRUE un "Eco Científico" colectivo y procedente en el momento actual, cuyo texto íntegro se adjunta, como complemento, a continuación.

 

Complemento: Comunicado de la CRUE

 

Se han cumplido dos años de la aprobación del RDL 14/2012, de “medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, una norma que modificó la Ley Orgánica de Universidades y afectó a aspectos tan sensibles como los precios públicos y la organización de la actividad docente. Las normas presupuestarias posteriores han afectado a los salarios, a los derechos laborales y a las expectativas profesionales de todos los empleados públicos y, por tanto, también a los de las universidades.

 

Los Reales Decretos sobre becas han cambiado su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan. Asimismo, las ayudas Erasmus han restringido también sus criterios de concesión en los últimos dos años.

 

En investigación, el menor presupuesto y la secuencia de las convocatorias aplicadas por el Gobierno de España y por algunos gobiernos autonómicos han comportado un elevado recorte efectivo de consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación. Este entendimiento de la I+D+i como un gasto y no como una inversión contrasta con la política de los países más avanzados.

 

Los rectores consideramos especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto económico, las medidas que afectan a los jóvenes. El incremento de los precios públicos de los grados y, muy por encima de ellos, el de los másteres, afecta a las posibilidades formativas de nuestros jóvenes en un momento especialmente negativo para el empleo. El acceso a la profesión académica se encuentra cerrado para ellos, salvo los resquicios que dejan las insatisfactorias tasas de reposición. Estas cercenan las perspectivas de los profesores universitarios en su carrera académica y minan la motivación para la mejora permanente en docencia e investigación. Las limitaciones normativas han provocado que las plantillas de profesores, investigadores y personal de administración y servicios se hayan llenado de figuras y plazas interinas y precarias, algunas recurridas por el propio Gobierno, que resultan inadecuadas para la función universitaria, docente, investigadora y de gestión.

 

Las medidas, según decía el RD 14/2012, eran excepcionales y se justificaron por la coyuntura económica del momento. Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que se fijen.

 

Los precios públicos de matrícula en las universidades deben ser accesibles y razonables en todos los niveles formativos. Debe recuperarse el sentido de las becas y ayudas como garantes de la equidad. Debe volver la autonomía de gestión de la actividad docente e investigadora de las universidades. Debe ser posible que éstas configuren ordenadamente sus plantillas, con fórmulas de renovación y promoción ajustadas a su realidad y a su planificación estratégica. Debe retomarse el apoyo a la investigación y a la innovación para regresar a una senda de crecimiento, basado en el conocimiento y la especialización inteligente y sostenible, que evite la pérdida de talento y aproveche la formación proporcionada.

 

La universidad española, como toda la universidad europea, afronta necesidades de adaptación de su sistema a una realidad social y económica que exige una modernización de sus estructuras y funcionamiento. Para poder abordarla, es necesaria la búsqueda de un amplio consenso social y político que debe empezar forzosamente por la recuperación de la normalidad en su vida académica, docente e investigadora. La consecución de estos objetivos nos implica a todos -agentes sociales, gobierno, comunidades autónomas y universidades- y es necesario conseguirlo en beneficio de la sociedad española.