El Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA) ha decidido dar un margen de confianza al Gobierno de España para solucionar una situación de impago que se remonta al año 2019 (de unos 30 000 euros anuales) y que pone en juego su permanencia en este organismo. El Ministerio de Ciencia e Innovación y el de Universidades han trasladado al Comité Español de Matemáticas (CEMat) su voluntad de solventar la cuestión.
Esta delicada situación fue incluida como uno de los puntos del orden del día de la Asamblea General de CIMPA, centro de investigación de la UNESCO dedicado a la promoción de la investigación matemática en países en desarrollo, en la que los representantes españoles volvieron a ser interpelados por el impago de las aportaciones anuales por parte del Gobierno de España.
España fue en 2010 el primer país en sumarse a Francia, país fundador, como miembro de CIMPA. La integración se llevó a cabo a través de un acuerdo marco asumido por el ministerio competente en temas científicos (Ciencia e Innovación) que entonces presidía Cristina Garmendia, y en el que España se comprometía a aportar financiación anual a CIMPA y a colaborar activamente en su estructura. Esta segunda parte del acuerdo se viene cumpliendo por parte de la comunidad matemática española, que tiene en la actualidad tres miembros integrados en el Comité Ejecutivo como responsables científicos y presencia permanente en el Comité Científico. Además, el español Iván Área fue secretario general durante un periodo reciente y nuestro país ha acogido varias reuniones de los órganos de dirección de CIMPA, entre ellas la última presencial antes de la pandemia celebrada en enero de 2020 en Valladolid.
Los beneficios de la pertenencia de España a CIMPA han sido innegables, al proyectar la imagen de un país comprometido con la cooperación internacional en materia de ciencia, lo que se añade al gran impacto científico de nuestra labor en los países beneficiarios de las actuaciones de CIMPA, muchos de ellos países hermanos de Latinoamérica (ver dossier).
El CEMat, que aglutina a las sociedades matemáticas españolas, trabaja desde hace tiempo para reconducir la situación con el Ministerio de Universidades, que asumió la competencia de gestión tras la división del antiguo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sin embargo, la única respuesta obtenida fue que al Gobierno de España no le parecía un compromiso ineludible. Los intentos con la AECID han sido igualmente infructuosos y se ha puesto la situación en conocimiento de los distintos grupos parlamentarios.