En escritos anteriores exponíamos la preocupación existente en muchos sectores de la investigación española por el impacto del actual sistema de evaluación de la producción científica en los patrones de publicación: un sistema que ha valorado, fundamentalmente, parámetros cuantitativos frente a cualitativos. Además, para mayor ironía, el sistema de publicaciones funciona de una manera, cuando menos, sorprendente: por una parte, todo el trabajo lo lleva a cabo la comunidad científica de forma altruista (el propio trabajo científico, la revisión de otros trabajos, incluso la maquetación y formateo de los artículos para adaptarlos a los requisitos de la revista); por otra, un altísimo porcentaje de los gastos los asumen las instituciones públicas, sufragando el pago de las publicaciones, en muchos casos, con el dinero de los proyectos de investigación; finalmente, el beneficio (millonario) no redunda en las universidades, institutos de investigación u otras entidades públicas, sino que va a parar a negocios (editoriales) privados.
Últimamente, muchos periódicos se están haciendo eco de numerosos casos turbios: científicos que publican un trabajo cada dos días en revistas de dudosa calidad, pero que han sido aupadas por el sistema a los primeros puestos en los listados más utilizados en las evaluaciones (véase aquí la noticia); profesores que “captan” a investigadores para que firmen trabajos, a cambio de sustanciosos emolumentos económicos, bajo la afiliación de universidades saudíes o rusas, para que estas suban así de forma artificial y fraudulenta en los rankings de las mejores universidades del mundo (pueden consultarse reportajes al respecto aquí o aquí); etc.
La situación está completamente fuera de control. Leyendo algunos de los artículos antes mencionados, descubrimos que existen incluso “mafias” de citas. Las citas son uno de los “indicadores de calidad” que ha impuesto el sistema para un científico pues, en teoría, cuantas más citas tiene un trabajo, “mayor calidad” tiene; paradójicamente, algunos de los trabajos más citados lo han sido para remarcar algún error flagrante que contenían. Así, aprovechándose de la existencia de este criterio, han surgido redes de investigadores que se citan unos a otros con el fin de ascender, tanto ellos como las revistas donde publican sus trabajos, en los correspondientes rankings internacionales. Ello hace que las revistas en cuestión aparezcan en el top de los listados utilizados para las evaluaciones, y sean por tanto elegidas por muchos investigadores para publicar, previo pago, trabajos con rapidez y en gran cantidad. Se entra así en un círculo vicioso.
Por supuesto, la gran perjudicada es la propia ciencia, corrompida por un sistema que inicialmente tenía un fin honesto y eficiente. Pero, además, una de las cosas que debería hacernos reflexionar y parar esta situación es la enorme cantidad de dinero público (millones de euros) que se emplea en financiar publicaciones que poco o nada aportan a la ciencia, y que solo benefician al currículum de quien los publica. Y, por supuesto, no olvidemos a todos aquellos investigadores que trabajan con rigor y seriedad, que son muchos, intentando mantener un estándar de calidad en su trabajo, o a los jóvenes que se inician en el mundo de la investigación: todos ellos quedan en un triste segundo plano, pues no pueden competir con los que sí entran en un juego cada vez más perverso.
El pasado 17 de mayo de 2023, la SOMMa (Alianza de Excelencia de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu) organizó unas jornadas dedicadas exclusivamente a abordar este problema, intentando impulsar un debate sobre cómo reformar los sistemas de evaluación en la ciencia. La Real Sociedad Matemática Española no es ajena a esta problemática y acordó en su Junta de Gobierno intervenir, denunciar el problema y, en la medida de sus posibilidades, plantear posibles líneas de actuación. Debemos ser cada vez más los que levantemos la voz ante esta vorágine sin sentido. Y necesitamos que nuestras Agencias de Investigación, tanto nacionales como autonómicas, definan de forma clara directrices de buenas prácticas a este respecto.
